Santo Domingo.- El Departamento de Inspectoria Judicial de la Suprema Corte de Justicia, entiende que no hay mérito suficiente para recomendar el sometimiento por ante un juicio disciplinario de la jueza de Instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, que dejó en libertad a Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) y a quien se le atribuye ser complaciente con personas sometidas por narcotráfico.
Mártires Familia Aquino, del departamento de inspectoria judicial sostiene que la denuncia presentada por el senador de San Cristóbal, Tommy Galán en contra de la jueza no obedece a una realidad suficiente para acusarla de ser benigna.
“Somos de opinión que el Ministerio Público de San Cristóbal no tiene calidad moral para acusar a la jueza Carvajal Vizcaino de cometer actos de corrupción en el desempeño de sus funciones, porque quienes si están altamente cuestionados son algunos de ellos”, aduce Familia Aquino en un informe enviado al inspector general de la Suprema Corte, doctor Ricardo Gómez Báez.
Sostiene que el Ministerio Público como actor de primer orden en la normativa procesal vigente, no está cumpliendo con su rol y algunos es para quedar bien ante sus superiores.
Aduce, incluso, recurren a la artimaña de echarle la culpa al juez con la intención de cubrir su incapacidad en algunos casos y en otros, para que no se descubra el grado de responsabilidad que tienen cuando, sin reparo alguno, se atreven a negociar abiertamente con los imputados directamente o por intermedio de sus abogados.
Puso como ejemplo que en los casos, de los fiscales adjuntos asignados para llevar los casos de drogas “es un secreto a voces y comprobable, en los expedientes que instrumentan a los imputados, que se hacen cómplice de los delincuentes, porque disimulan tan poco, que varias veces los han visto reunidos con familiares y abogados de imputados, en lugares estratégicos, propios de personas que están actuando al margen de lo que debe ser su misión: velar por una sana aplicación de justicia”.
Mencionó además que durante el conocimiento de una audiencia preliminar, en pleno estrado un imputado le señaló al Ministerio Público actuante, de nombre Fernelys Rodríguez, que un anillo que llevaba puesto, era de su propiedad.
El inspector Judicial recomendó a la Suprema Corte instruir al departamento correspondiente para que rediseñe la ubicación del despacho de la jueza de instrucción, de forma tal que quede en una posición más apropiada para vigilar el personal administrativo, en razón de que la forma en que se encuentra actualmente, le impide estar en contacto con lo que ocurre en esa área.
El senador de San Cristóbal, Tommy Galán, le imputaba a Carvajal Vizcaíno otorgar en reiteradas ocasiones decisiones favorables para los acusados de violar la ley de droga y presento cinco casos en la que la magistrada habría otorgado garantías económicas a esos imputados.
