El senado envió a estudio la rescisión de todos los contratos privados y de las empresas del Estado capitalizadas de generación de energía eléctrica con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), según un proyecto de ley presentado por el senador Adriano Sánchez Roa.
Sánchez Roa explicó que “Diversos estudios realizados establecen que la rescisión de los contratos vigentes con las empresas generadoras, permitiría disminuir en lo inmediato un 34% de los aportes por concepto de subsidio que eroga el gobierno y, al mismo tiempo, una reducción de la tarifa a los usuarios, residenciales e industriales, por el orden del 22.3%”.
La pieza enviada por el pleno a la comisión de energía y mina se queja de que los dominicanos pagan un excesivo costo por el kilovatio hora, ascendente a unos US$0.26, cuando en países similares al nuestro el costo oscila entre US$0.10 y US$0.15, lo que constituye una irresistible sangría tanto al presupuesto familiar como de las empresas y demás instituciones.
Agregando que “…sin calcular que el gobierno central tiene que entregarle a las generadoras eléctricas hasta 40 mil millones de pesos anuales por concepto de subsidio, en desmedro de los programas de salud, educación, alimentación, entre otros”.
Sánchez Roa explicó que la nueva constitución de la República en sus artículos 50 y 147 obliga a una competencia libre y leal, sin monopolio, además de que la energía eléctrica es un servicio público prestado por particulares, destinado a satisfacer las necesidades de interés colectivo, pues es esencial e imprescindible para toda la sociedad, por lo que debe responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.
El senador fronterizo reveló que el sistema eléctrico no ha colapsado, ante los excesivos costos y ganancias extras, por los esfuerzos y la confianza del Presidente Leonel Fernández, quien tiene su objetivo puesto en establecer un sistema de bajos costos adecuados y tarifas asequibles a los usuarios.
El proyecto encarga en su artículo 2, a la CDEEE de la dirección, administración y operación de las empresas de generación de energía eléctrica capitalizadas, debiendo completarse el proceso de traspaso al Estado en un plazo no mayor de 30 días, a partir de la promulgación de la presente Ley.
Asimismo, dice que la CDEEE en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Electricidad procederán a realizar las gestiones correspondientes, a los fines de establecer los activos y pasivos de las empresas de generación eléctricas capitalizadas y determinar la proporcionalidad de los compromisos financieros de las partes.
También instruye a esas entidades a abocarse de inmediato a determinar los compromisos mutuos contraídos entre la CDEEE y demás instituciones del Estado y las empresas privadas de generación de energía eléctrica
Sánchez Roa indicó que inexplicablemente el costo de la energía eléctrica se viene multiplicando para la mayoría de los hogares dominicanos, al tiempo de sufrir una creciente ola de apagones, afectando seriamente la educación, la salud y el necesario descanso de los hombres y mujeres de trabajo, así como creando con la oscuridad las condiciones propicias para la delincuencia y la criminalidad.
Explica que los daños a la industria, el comercio y a los sectores productivos, que se ven precisados a adquirir energía de manera individual, como la compra de plantas eléctricas, inversores, además de ser una grave amenaza a la seguridad nacional, ya que los mismos no sólo dejan sin energía de forma sorpresiva a hospitales, centros educativos, oficinas públicas, cárceles, iglesias, instituciones militares y policiales, sino que pueden servir como cardo de cultivo para el narcotráfico y el terrorismo.
Sánchez Roa señaló que en los contratos vigentes con las generadoras de energía eléctrica existen irregularidades y distorsiones que le proporcionan a dichas empresas privadas beneficios adiciones por más de 150 millones de dólares, sobreganancia contraproducente si se toma en cuenta los grandes sacrificios presupuestarios que mensualmente realiza el gobierno para sostener este precario servicio.
Según los mismos estudios indicados, el costo total de rescindir los actuales contratos de generación de energía eléctrica es de aproximadamente 400 millones de dólares, cifra significativamente inferior al monto del subsidio que el gobierno aporta anualmente para mantener el sistema.
Sánchez Roa consideró que la ineficiencia y falta de transparencia del sector privado en el manejo de las empresas del sector eléctrico capitalizadas, ha obligado al Estado a asumir de nuevo la propiedad, dirección y administración de las Edes, que aunque han experimentado una sustancial mejoría, los graves problemas existentes en el subsector de generación, imposibilitan que este servicio pueda alcanzar los estándares de calidad, precios y eficiencia.
El senador por Elías Piña concluyó en que la prolongación de los graves perjuicios económicos y sociales que genera este deficiente sistema eléctrico perjudican la ejecución exitosa de los planes, programas y proyectos de desarrollo, con los que el gobierno está comprometido y empeñado, y a partir de lo cual el Presidente Leonel Fernández persigue sus anheladas metas de desarrollo económico y social en beneficio de toda la sociedad.
