Los tanques y bombas cercaron el palacio de Miraflores el 4 de febrero de 1992 y la comunidad internacional colocó sus ojos en un intento de golpe de Estado capaz de iniciar la ruta de salida definitiva del poder de todo un personaje de la vida pública: Carlos Andrés Pérez. Tanto los venezolanos como los ciudadanos latinoamericanos no asociaron la idea de que intentos por desbordar el orden institucional de una democracia estable servirían de punto de partida para una transformación del cuadro electoral del continente.
Aunque el chavismo debió esperar un retorno al poder de Rafael Caldera por vía de partidos alternativos, la señal que envió la ciudadanía estaba muy clara y se podría resumir en un profundo cansancio con una clase política que desde el pacto de Punto Fijo en 1958 alternó el poder entre adecos y copeyanos. La lectura del triunfo del coronel Hugo Chávez frente al candidato Salas Romer en 1999 está vinculada al resquebrajamiento en la credibilidad de un sistema de partidos incapaz de reinventarse.
Los cambios experimentados en la sociedad venezolana no terminan. Es innegable que, el ejercicio de poder del actual mandatario, se torna agotado frente a expectativas donde la sociedad asumió la idea de cambiarlo todo. El drama de la administración Chávez consiste en que la reiterada naturaleza de confrontación con sectores hegemónicos retarda el establecimiento de políticas públicas efectivas porque el aparato gubernamental no puede andar estigmatizando a contrarios y denostando propuestas disidentes que, en el fondo, enriquecen la gestión pública.
El encanto y magia de exportar el fenómeno transformador de la realidad de nuestro continente prendió en una amplia gama de sectores con sentido crítico y auténticamente
preocupados por un sistema democrático donde la pobreza se profundizó y la desigualdad adquirió categoría alarmante. Ahora bien, hay una parte del modºelo revolucionario venezolano que no termina de seducir a los pensadores, intelectuales y políticos liberales moldeado por la compatibilidad de construir la agenda social sin afectar reglas esenciales del mercado donde la acumulación decente y una justa redistribución no se asuman como pecados capitales.
Innegable es reconocer que la inclusión de franjas tradicionalmente excluidas de la toma de decisiones representa una nueva conquista del modelo democrático. Inclusive la base social que apoya y reivindica la gestión del presidente Chávez acuña un elemento obsoleto del discurso político: la fragmentación entre ricos y pobres de la sociedad. El camino prudente hubiese sido incorporar a su gestión aquellos exponentes de sectores sociales y económicos de gran importancia asqueados por las prácticas de corrupción y degradación de la vida pública que le acompañaron en su primer triunfo electoral. Duró poco esa luna de miel.
Lo que perciben todos los segmentos interesados en el tránsito efectivo del sistema democrático es que propuestas de similar origen a la venezolana han sabido edificar su visión de la sociedad, sin renunciar al compromiso ideológico.
