El gobierno del presidente Barack Obama deporta inmigrantes indocumentados en cantidades sin precedentes y ha intensificado la inspección de cientos de empresas que contratan esa mano de obra ilegal, afirmó ayer el diario The Washington Post.
"La agencia de Inmigración y Aduanas calcula que en este período fiscal deportará unas 400,000 personas, casi un 10 por ciento más que las deportadas en 2008 por el gobierno del presidente George W. Bush, y un 25 por ciento más que las deportadas en 2007", indicó el diario.
"El ritmo de inspecciones de empresas ha aumentado casi cuatro veces desde el último año del gobierno de Bush", agregó.
El diario, que citó cifras de la agencia de Inmigración y Aduanas, indicó que en el período fiscal 2008, el gobierno de Estados Unidos deportó 369,221 personas, de las que 114,415 habían cometido algún delito.
En el período fiscal 2009, sumaron 387,790 las personas deportadas, de las cuales 136,126 eran delincuentes.
Desde que comenzó el período fiscal 2010 el 1 de octubre pasado, y hasta el 7 de junio, habían sido deportadas 227,163 personas de las cuales 113,453 habían cometido crímenes.
Esta intensificación de la represión es parte del esfuerzo más amplio del presidente Barack Obama para aplicar las leyes ya vigentes y, según el Post, "en parte apunta a obtener el apoyo republicano para una reforma integral del sistema de inmigración". John Morton, ha dicho que se espera la deportación en este período fiscal, que concluye el 30 de septiembre, de unas 400,000 personas, incluidas las que son forzadas a abandonar el país o las que eligen irse de Estados Unidos.
El gobierno ha dejado a un lado la política del gobierno de Bush que lanzaba redadas en fábricas u otras empresas que empleaban indocumentados.
Realizan auditorías a empleadores
En lo que va de este año, sólo 765 trabajadores indocumentados habían sido arrestados en su sitio de empleo, comparado con 5,100 en 2008.
En cambio, la política de Obama se ha dirigido a las auditorías de los empleadores que estudian los documentos de trabajadores de 2,875 empresas sospechosas de contratar indocumentados.
